Y conviene preguntarse quién está quedando en el punto de mira.
Porque detrás de una vivienda alquilada no siempre hay un fondo de inversión, un banco o un gran tenedor. Hay también familias que, después de trabajar durante años, decidieron invertir sus ahorros en un piso. Una vivienda que consideran un patrimonio seguro, un complemento para su jubilación o, sencillamente, un bien que algún día quieren dejar a sus hijos.
El problema de la vivienda en España es real. Y el caso de Maricarmen merece toda la atención. Pero utilizar historias como esta para presentar al propietario como el enemigo común es demasiado fácil.
¿Dónde está la reflexión sobre la falta de vivienda pública? ¿Dónde está el debate sobre cómo aumentar de verdad la oferta ¿Dónde están las garantías para el pequeño propietario que alquila una vivienda y teme dejar de cobrar, sufrir daños o entrar en un procedimiento judicial interminable?
Y hay otra cuestión que tampoco debería desaparecer del debate: el coste de financiar una vivienda también ha cambiado radicalmente. Hipotecas más caras, impuestos, mantenimiento, comunidad, seguros, reformas… Todo eso forma parte de la ecuación del alquiler.
El Gobierno puede legislar sobre los precios. Puede limitar, regular y señalar a determinados propietarios. Pero si no se construye suficiente vivienda asequible y pública, si no se aumenta la oferta y si no se ofrece seguridad jurídica a quien pone una vivienda en alquiler, el problema no desaparece porque se apruebe una ley.





